Desde el Frente de Todos advirtieron que los productos cuestan un 115% más que en el mercado minorista y exigieron una informe especial sobre los contratos con las concesionarias.
La pandemia del coronavirus llevó a modificar muchas prácticas habituales para poder continuar con la asistencia social en el país. En la Ciudad de Buenos Aires, particularmente, se comenzó a distribuir la “Canasta escolar nutritiva”, un desayuno, almuerzo y refrigerio destinado a las familias de alumnos y alumnas de las escuelas públicas porteñas. Sin embargo, la oposición advirtió por sobreprecios en los productos al pagar un 115% más por ellos que en el mercado minorista. El jueves, se solicitó que la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires realice un informe especial sobre los términos y condiciones de los contratos con las concesionarias proveedoras de los alimentos.
El legislador del Frente de Todos, Santiago Roberto, presentó un pedido de informes al Gobierno porteño el 13 de abril porque encontró valores excesivos en los alimentos que componen la “Canasta escolar nutritiva”. Puntualmente, detalló que las raciones del almuerzo se pautaron a un valor de $140 por bolsón por día entre el Gobierno de la Ciudad y los concesionarios. Ante esta información, el diputado realizó un relevamiento el 8 de abril con precios de referencia en un supermercado barrial y el precio fue de $65,80 o sea un 115% más barato.
Tras corroborar esta situación, realizó el pedido de informes para saber cuáles fueron los términos del acuerdo con los concesionarios y el valor pagado por cada unidad de los bolsones. El 29 de abril, el Gobierno porteño publicó una resolución (N.° 90/SSGEFYAR/20) en la que se estipuló que el precio pactado para las canastas de entrega quincenal, a marzo de 2020, será de$175 para el desayuno; de $1.400 para el almuerzo y de $529 para el refrigerio, montos que se mantendrán durante todo el período que dure la suspensión de las clases presenciales, a partir del 1 de abril.
El cuadro de estructura de costos estimada estipulaun 35% correspondiente a la mano de obra, un 48% a la materia prima, un 7% para los insumos, un 5% destinado a distribución y otro 5% a gastos generales.Sobre este ítem, el legislador apuntó que “independientemente de los costos que pudieran aducir los concesionarios de personal o logística,es a todas luces una diferencia excesivala que se constata de inmediato entre el costo minorista de lo entregado y el valor abonado por el Ejecutivo. Vemos que el precio mayorista informado para la mercadería equivale al minorista”.
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