Por Pedro Maldonado |
La última década estuvo marcada por el deterioro en la hegemonía mundial de Estados Unidos y el retroceso en su plan por dictar el rumbo de los países periféricos en pos de alimentar la maquinaria destructiva de su imperio. Los Estados Unidos, viéndose amenazado por los avances de China, debe entonces retomar con más fuerza -porque nunca la perdió totalmente- su vieja doctrina del Patio Trasero, es decir, el saqueo y expolio indiscriminado de los recursos naturales latinoamericanos cual carbón para su enorme locomotora imperial.
Por supuesto esto no es para nada sencillo ya que la existencia de gobiernos progresistas y populares que se dieron en toda Latinoamérica supuso una pequeña piedra en el camino. La enorme montaña en su camino, como lo es Cuba, que da respaldo a gobiernos populares, es más complicada de sacar a un lado del camino. ¿Por qué?
Entre muchas aristas que no caben en este estrecho y humilde texto: el imperio yanqui se las “ingenió” para utilizar una técnica que no supusiera un Vietnam 2.0; en otras palabras, que la atención mediática no se le viniera en contra creando masivas movilizaciones internas, externas y denuncia de muchos organismos internacionales ante lo evidente al desnudo -porque a veces lo evidente se puede tapar igual-, por lo que se encargó de dominar de forma efectiva los medios de información y masificar su alcance con las fake news. Con esto dispuesto la máquina demoledora está casi lista, sólo hace falta mellar de forma constante, programática y destructiva la imagen de distintos líderes políticos que luego de terminar su mandato o no, serán atrapados en la flamante estrategia: el lawfare.
Haciendo un pequeño paréntesis: no es cierto que el lawfare sea un invento reciente. El caso más importante del siglo pasado y donde se aplicaron estos métodos fue en el juicio a Fidel Castro tras el asalto al Cuartel Moncada, quien supo advertir la estrategia y condenar a los esbirros golpistas “a la demoledora opinión del futuro”.
El lawfare es una guerra judicial contra líderes políticos que sólo y únicamente es posible con la manipulación mediática de los medios hegemónicos de información. Crear sentidos comunes a raíz del bombardeo informativo (apoyado por las fake news promovidas por los mismos medios) y un expediente mediático que tiene más peso que el judicial (mejor dicho, es por el que se va a guiar el expediente judicial). La estrategia es clara: destituir, juzgar y perseguir líderes políticos que no estén de acuerdo con el modelo que plantea sangrientamente el imperio norteamericano. Víctimas de esto fueron el ex presidente Lula Da Silva, Dilma Rousseff, CFK, Milagro Sala, y Amado Boudou, sólo mencionando a Brasil y Argentina. El lawfare constituye una violación y ataque directo contra los derechos humanos más básicos con los que contamos y deja al desnudo el sistema político-económico en el que vivimos. Si la violación constante a los derechos políticos e individuales que tanto proclaman los defensores de “la república” son tan fácilmente vulnerados ¿qué garantías nos da entonces el sistema judicial?
Cabe entonces hacernos la pregunta vital: ¿somos todos iguales ante la ley? ¡No! Prueba clara de ello son los presos políticos, y es que la igualdad ante la ley sólo rige dependiendo de la clase. Es decir, todo aquel que pelee tan sólo por pequeños intereses del pueblo trabajador en contraposición con el expolio, el saqueo y la mercantilización está de antemano condenado. No existen garantías, ni derechos y por lo tanto son una vil farsa todos los postulados de la República Burguesa.
¿Qué pasa entonces con los casos en los que el lawfare no pudo hacer daño? Fácil. El imperio se las ingenia con otro mecanismo: la implantación de una figura alternativa, inconstitucional y antidemocrática que viene a “acabar con la dictadura, a traer la paz y la democracia” a su vez que promueve con recursos a los fascistas vandálicos en las calles para generar una idea de “revolución” algo que no es más que un típico y clásico Golpe de Estado. Si el lawfare no funciona, la sangre derramada lo hará. Es el caso explícito de Bolivia donde la “democracia contra la dictadura” lleva en sus espaldas a más de 30 muertos y miles de heridos. Con cosas tan democráticas como impedir la sesión del Congreso, secuestrar personas, armar grupos para militares y bandas fascistas.
¿La respuesta a todo esto? Movilizarse día y noche por la liberación de los presos políticos para garantizar su vida e integridad física y para que se respeten todos los acuerdos y tratados que contemplan la mayoría de constituciones. Segundo, la solidaridad internacional de aquellos que luchan por la libertad de los pueblos y la construcción de una organización legal que permita enfrentar políticamente a aquellos que nos someten.
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