Por Manuel Parola |
Informe sobre lo sucedido en Bolivia. Causas, devenir de los hechos y porqué se debe hablar de Golpe de Estado.
El periodista que toma la posta de, como diría Rodolfo Walsh, dar testimonio en los momentos difíciles o complicados, no deja de ser, por ello, persona: hay una pulsión de justicia y de manifiesto que lo anima a realizar sus informes, y dichos artículos nunca están exentos de una inclinación o enfoque sobre lo que está hablando. No se trata de una señal divina: es un escrito realizado por alguien a quien este tema lo moviliza. Este cronista no es la excepción, por eso la elección del título del presente informe.
Los hechos ocurridos en Bolivia que resultaron en la renuncia de Evo Morales Ayma ayer se explican si y sólo si comenzamos a hilar desde mucho antes del domingo 10 de noviembre.
¿Cómo llegamos a esto?
El en aquel entonces presidente interino del Poder Legislativo, José Alberto Gonzales, promulgó el 5 de noviembre de 2015 la ley para convocar al referendo en que se consultó a los ciudadanos si aprobaban o no la reforma constitucional que permitiría a Evo Morales volver a postularse en 2019. Esto era necesario, ya que la constitución boliviana aseguraba un límite de dos mandatos con una sola reelección. La consulta popular se llevó adelante el día 21 de febrero del año 2016, en donde ganó el “NO” por el 51% de los votos, mientras que el “SI” obtuvo el restante 49%. El referéndum estuvo observado por veedores enviados por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y por la Unión de las Naciones Suramericanas (UNASUR).
El mandatario de origen aymara fue habilitado para su tercera reelección consecutiva gracias a un fallo de la Tribunal Constitucional Plurinacional que le dio prevalencia a los convenios internacionales sobre la Constitución Política del Estado. Así mismo, Evo estaba cumpliendo su tercer mandato constitucional, el cual debería haber terminado el 22 de enero del 2020, por lo que aún incluso en la tarde de ayer, el exlíder sindicalista cocalero seguía siendo presidente. Y estando habilitado por el Tribunal a la postulación, al decir del presidente del Tirbunal, Macario Lahor Cortez: “quien definitivamente elige es el pueblo boliviano"
El pasado 20 de octubre del 2019, el Estado Plurinacional de Bolivia llevó adelante las elecciones generales presidenciales y parlamentarias para el periodo 2020-2025. Allí, los candidatos favoritos eran Carlos Mesa, por el partido Comunidad Ciudadana, y el presidente Evo Morales Ayma por el Movimiento al Socialismo (MAS). En dichos comicios, la participación llegó al 88% de la población empadronada, y la diferencia del segundo con el primero llegaba estrechamente a los diez puntos, un total de 648439 votos por encima de Mesa, cosa que la constitución boliviana declara como victoria en primera vuelta.
Ante el reclamo por supuestas irregularidades en la elección, Mesa alza un pedido para que la OEA realice una auditoría, la cual fue publicada en un informe de trece páginas en donde el organismo buscaba el cumplimiento de cuatro condiciones de confiabilidad en el comicio, entre ellos la autenticidad de las actas de escrutinio y de los datos ingresados al sistema de transmisión, y la verificación del flujo carga de los resultados electorales.
El mencionado informe es publicado la mañana del 10 de noviembre. Día caótico si los hubo para la ciudadanía boliviana. La auditoría reveló irregularidades que no permitían garantizar la veracidad de los resultados, entre otras cosas relacionadas a fallas electrónicas del sistema de carga de datos, porque “El margen de victoria en primera vuelta es menor a 40 mil votos”, siendo que los números oficiales de Bolivia dan una diferencia de 648.439 votos de diferencia. Cuatro observaciones: en primer lugar, el documento expresa que los resultados de la auditoría son preliminares, lo cual quiere decir que aún no son ni definitivos ni concluyentes. Por otro lado, el informe no dice que Evo Morales no ganó, sino que las irregularidades no permiten confirmar que la victoria sea en primera vuelta. En segundo lugar, la OEA en ningún momento critica a los opositores golpistas e incluso así denuncia que no pudo auditar ciertos departamentos por “bloqueo de vías y por falta de condiciones de seguridad” y por “la quema de instalaciones electorales, saqueos en locales de partidos políticos y manifestaciones”. Y por último: en ningún punto del informe de auditoría aparece la palabra “fraude” o “fraudulento”.
Mientras la auditoría se realizaba, la polarización y las manifestaciones violentas iban en crescendo. Con una creciente ola de reclamos de parte de la oposición, la aparición de Luis Fernando Camacho exigiendo la renuncia y la proscripción del presidente boliviano en los comicios, y de hechos de violencia que iban desde el amedrentamiento de autoridades locales hasta el ataque directo a locales del MAS y hogares particulares de funcionarios, Morales llama al diálogo entre vocales de los partidos participantes de las elecciones y, al conocer los resultados de la auditoría de la OEA, convoca a repetir las elecciones generales y anuncia la renovación de las autoridades electorales.
No pasan más de tres horas, que Carlos Mesa exige el inmediato llamado a elecciones, pero con la adhesión al pedido de Camacho: Evo Morales y Álvaro García Linera, su vice, no podrán ser candidatos. En este contexto, la unificación de la oposición, hasta ese momento dividida en dos frentes, Camacho por un lado sin una representación política pero si social, y Mesa quien venía de perder las elecciones, solicita a través de un comunicado del partido Comunidad Ciudadana no abandonar el estado de movilización en las calles.
Ante esto, poco después de las 13 horas (horario argentino), el Secretario General de la Central Obrera Boliviana (central más grande del país y un pilar central para Evo), Juan Carlos Huarachi le solicita al presidente que, si es necesario para pacificar el país, presente su renuncia. A este pedido, lo precede el incendio de la casa de Víctor Borda, Presidente de la Cámara de Diputados, y de César Navarro, Ministro de Minería. Navarro es el primer ministro en “abandonar el barco”. Durante las próximas horas, sería imitado por el presidente de la Brigada Parlamentaria Potosina, el ministro de Hidrocarburos, el gobernador de Cochabamba (localidad central para el mandatario indígena), el ministro de Deportes y la de Cultura y Turismo y la ministra de Planificación del Desarrollo. Hacia las 16.30, horario argentino, el Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas de Bolivia, seguido al poco tiempo por el Comandante General de la Policía Nacional Federal , solicita la renuncia de Morales Ayma ante el incremento de la violencia y la convulsión política vivida y así pacificar al país. Ya pasadas las 17.20, Luis Fernándo Camacho, quien no se adjudica otro cargo político más que la de ser un líder social y cívico de la oposición más reaccionaria, ingresa al Palacio Quemado, en donde retiró la bandera de los pueblos originarios, símbolo del legado masista de Morales, y colocó una bandera boliviana y encima de ella una Biblia, exclamando el regreso de Cristo a la Casa de Gobierno.
Ya sin el control de las fuerzas del orden, incapaz de poder asegurar la paz interior en Bolivia y con un tendal de renuncias de parte de diputados, gobernadores, alcaldes y ministros, Evo Morales Ayma se traslada a la localidad de Chimoré, lugar que vio nacer su carrera política como sindicalista cocalero, y finalmente decide presentar su renuncia junto con la de Álvaro García Linera cerca de las 18.15 de Argentina. La capitulación de Morales es seguida de un discurso en donde el dirigente solicita que “si quieren vengarse, con Evo y Álvaro, no con nuestras familias y menos con nuestros dirigentes sindicales" y afirma “No tengo por qué escapar. No he robado nada".
Hasta el momento en que este escueto informe ha sido escrito, las autoridades nacionales argentinas se han limitado a lanzar un comunicado oficial desde la cartera del canciller Jorge Faurie, en donde la Cancillería declara que se trata de un “periodo de transición que se ha abierto por las vías institucionales que establece la Constitución de ese país”, animando a los dirigentes bolivianos a celebrar elecciones “respetando lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano” para superar la crisis con “total espíritu democrático”. En dicho documento no se hace referencia ni a los disturbios generados por las fuerzas golpistas ni el reconocimiento de los hechos acaecidos como un golpe de estado en donde ha sido interrumpido el Estado de Derecho en el país del altiplano.
En este contexto, múltiples dirigentes latinoamericanos y figuras de gran alcance mediático han publicado su apoyo a Evo Morales por medio de sus redes sociales y denunciado lo sucedido como un golpe de estado a la vieja usanza, a través de una movilización opositora de carácter violento y de atropellos flagrantes. Entre los solidarizados con el mandatario se encuentran Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Felipe Solá, Luis Inacio Lula Da Silva, Nicolás Maduro, Miguel Díaz Canel, John Lee Anderson, Pablo Iglesias y hasta incluso Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que explayará su postura sobre lo ocurrido en Bolivia en su conferencia de prensa diaria del día lunes 11 de noviembre.
Consideraciones para una correcta comunicación y análisis
En las horas subsiguientes a la comunicación de renuncia de Morales, muchos usuarios de redes sociales, y hasta incluso panelistas de medios de comunicación, pusieron en dudas la categoría “golpe de estado” para referirse a los hechos acontecidos en el Estado Plurinacional de Bolivia, argumentando un supuesto fraude en las elecciones generales.
Como bien dijimos más arriba en nuestro informe, aclaramos que la auditoría de la OEA no menciona ni califica en ningún momento los comicios como fraudulentos, sino que alude a la incapacidad de poder definir si el triunfo de la fórmula presidencial del Movimiento al Socialismo obtuvo la ventaja de 10 puntos reglamentarios para no proceder a un ballotage. Por lo tanto la categoría de fraude queda descartada.
Por otro lado, el sindicalista cocalero estaba desarrollando su tercer mandato constitucional, el cual nunca fue puesto en duda ni por opositores bolivianos ni por las potencias del exterior. Según la Constitución Plurinacional boliviana, el mandato de Morales finaliza el 22 de enero del 2020. La capitulación del mandatario y de su vicepresidente se dan luego del amotinamiento de las Fuerzas de Seguridad, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas y de sus respectivos pedidos de renuncia hacia el Jefe de Estado. Todo esto, alimentado y alentado por líderes opositores que por medio de la violencia buscaron la proscripción del MAS en los comicios que la Cancillería Argentina alentó a ser realizados “respetando lo dicho en la Constitución”. Por esto y por las formas de acción que llevaron a su renuncia, se puede y se debe hablar de Golpe de Estado.
En las últimas horas, si bien fue desmentida desde las autoridades de la Policía de Bolivia, Camacho llamó reiteradas veces a detener a Evo Morales, calificándolo a él y a los militantes masistas de “traidores” y enviando a sus seguidores a perseguir y ajusticiar a los simpatizantes del MAS. Según la Constitución Plurinacional, el presidente posee fueros que evitar su posibilidad de encarcelamiento. Hasta que la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia no acepte la renuncia del todavía presidente y vicepresidente, la detención del mandatario es un delito de carácter federal, de las mismas dimensiones que el golpe de estado en desarrollo.
La importancia de no confundir las categorías entre “rebelión o movilización popular” y “golpe de estado” radica en que las primeras suelen ser situaciones desencadenadas por el hartazgo del pueblo todo en cuanto al detrimento de sus derechos, con consignas claras y una variedad de sectores que concentran el reclamo. El segundo suele estar dirigido desde un sector político y social determinado, con objetivos de culminar violentamente con la administración estatal vigente. La historia latinoamericana, no sólo la argentina, nos enseña lo peligroso para los derechos de la población la interrupción del Estado de Derecho y de las garantías constitucionales en una situación de caos. Confundir un Golpe de Estado con una manifestación a la hora de su enunciación, hace que como sujetos sociales y como sociedad en conjunto sea difícil identificar los procesos de interrupción de la democracia cuando éstos sucedan en nuestro alrededor.
Comments