De cómo la justicia en Jujuy se apropió de la libertad de Milagro Sala y el estado de derecho
Por Manuel Parola
El senador por la provincia de Jujuy, Guillermo Snopek presentó el jueves 20 de febrero del 2020 un proyecto en el senado para la intervención del Poder Judicial jujeño. El senador fundamentó dicho proyecto a partir de diferentes irregularidades ocurridas en justicia norteña, entre ellas, los audios filtrados del, en ese entonces, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy Pablo Baca, publicados por Alejandra Dandan en el portal “El Cohete A La Luna” en su edición semanal del domingo 26 de enero del 2020. En éstos, Baca le dice en comunicación telefónica a Ana Juárez Orieta, exdirectora de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, que la detención y permanencia de la restricción de la libertad de Milagro Sala es producto de la voluntad y conveniencia del gobernador de la provincia, Gerardo Morales. En otro de los audios, el magistrado admite que la firma de Milagro Sala no se encuentra en los papeles de los fondos que llegaban a Jujuy, pero sí las de sus cooperativistas miembros de la organización Túpac Amaru, fondos que llegaban desde Nación para la construcción de viviendas, piletas públicas y otras instalaciones.
En su nota “Se le endiabló el carnaval” de la edición del 23 de febrero en El Cohete a la Luna, Alejandra Dandan escribe que “El proyecto traza una historia que comienza en diciembre de 2015 para explicar la modificación del vínculo entre Justicia y Ejecutivo.” Por un lado “la ampliación del Superior Tribunal de Justicia en diciembre de 2015 con cinco de sus nueve miembros radicales, dos de ellos diputados que aprobaron la ampliación y horas después juraron como jueces. ‘El propósito de la ampliación fue políticamente evidente —dice—: conformar una mayoría afín al Ejecutivo, vulnerando el principio de independencia del Poder Judicial.’”
Y por otro lado, “la creación de un Ministerio Público de la Acusación en el ámbito del Poder Judicial. ‘En la práctica el Fiscal General constitucionalmente designado perdió sus funciones originarias, quedando relegado a ser Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia provincial, realizando sus dictámenes (que no son vinculantes). Como contrapartida, se le asignaron al nuevo Fiscal General de la Acusación todas las funciones que originariamente aquel otro tenía, dependiendo de este todo el Ministerio Público’” cuyo titular es el Fiscal General Sergio Lello Sánchez.
El proyecto dice que “con estas dos acciones conjuntamente tomadas el mismo día 17 de diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo provincial tomó el control político de ambas Instituciones del Poder Judicial, constituyendo un claro avance de un poder sobre otro, infringiendo las normas de las constituciones provincial y nacional”.
En sus títulos, habla de fragilidad institucional por enfrentamientos entre el Superior Tribunal y el Ministerio Público de la Acusación, de irregularidades en concursos públicos y del direccionamiento de la Justicia con fines políticos.
“Con relación a las persecuciones judiciales contra quienes disentían con el oficialismo, las que constituyen también motivo y fundamento del presente pedido, caben advertirse las forzadas renuncias y apartamiento de sus cargos de funcionarios de la política pertenecientes a los bloques PJ y Frente Unidos y Organizados (FUyO), así como también de miembros del Poder Judicial (jueces y fiscales) mediante la formulación de denuncias y persecuciones penales en forma directa o indirecta”.
El huevo de la serpiente: cómo se formó la maquinaria
La madrugada del 16 de diciembre de 2015, el proyecto elevado por Gerardo Morales, quien había asumido el 10 de diciembre de ése año como gobernador, para ampliar de 5 a 9 jueces integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, fue aprobado con la mayoría de los legisladores oficialistas en una sesión extraordinaria de la legislatura, y en la misma semana, designar para estos nuevos cuatro puestos a un exlegislador de la Unión Cívica Radical, Federico Otaola, y a dos de los diputados que habían votado estas reformas, Beatriz Altamirano y a Pablo Baca. La cuarta elegida es la jueza Lara Lamas.
La otra reforma propuesta por Morales y aprobada por su cuerpo legislativo, es la creación de un sistema acusatorio para las investigaciones penales y al frente del Ministerio Público Fiscal quedó un funcionario judicial también de origen radical, en el de la Defensa una de las hermanas del vicegobernador Carlos Haquim, mientras que la otra hermana está en la Secretaría de Derechos Humanos. Esta última, sin experiencia en el tema. El hombre elegido para ser el fiscal General de la Acusación es Sergio Lello Sánchez.
El viernes 18 de diciembre, dos días después de votar desde sus bancas como diputados provinciales por el oficialismo radical, Altamirano y Baca juraban como jueces en la nueva conformación del organismo.
En el año 2015, la designada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy era la jueza Clara Langhe de Falcone, una abogada con cercanía a Gerardo Morales. En enero, en medio de la feria judicial y luego de haber sido creado el nuevo Supremo Tribunal de Justicia, con su ampliación, la flamante presidenta nombra a Gastón Mercau juez a cargo de las causas contra Milagro Sala por asociación ilícita, fraude y extorsión, por las cuales ordenaría su detención, efectivizada el día 16 de enero del 2016.
En Jujuy, no existen los conflictos: sólo los intereses
Langhe de Falcone es la abuela de los tres hijos varones de Mercau, quien a su vez fue su socio en un estudio contable que ellos poseían en la localidad de San Pedro de Jujuy, desde el cual representó antes de ser gobernador a Gerardo Morales.
El 27 de octubre del 2016, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas determinó que la detención de Sala es arbitraria, exigiendo al Estado argentino, en aquel momento dirigido por el presidente Mauricio Macri, debía liberarla inmediatamente.
En este contexto, Langhe de Falcone fue llevada a juicio político en febrero del 2017 por incumplimiento de sus deberes al coordinar con Morales el engaño a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se consienta la presión preventiva de Milagro Sala. Los abogados de la dirigente indígena denunciaron al entonces gobernador de la provincia, al representante de la Cancillería Leandro Despouy y a Clara Langhe de Falcone luego de encontrar una serie de correos electrónicos en donde los tres personajes intercambiaban palabras con el objetivo de preparar a los testigos y así engañar a la CIDH en la visita programada para el mes de mayo. En los mails, enviados el 9 de enero de ese año, se pedía “aprovechar todos los recursos disponibles” para justificar la prisión de Sala. Los correos fueron publicados por el periodista Horacio Verbitsky en su columna del diario Página/12 en la edición del 15 de enero del 2017. La existencia de los mails fue reconocida por el Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda en un artículo del portal digital Infobae.
El 28 de julio de ese año, la CIDH concede una medida cautelar a favor de la dirigente jujeña, y es trasladada a prisión domiciliaria. Desde entonces, ha sido trasladada a diferentes establecimientos, siempre custodiada por efectivos de la policía apostados en la puerta de la casa, tomando registro de las personas que la visitan día tras día, violando con ello el artículo 33 de la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad, en donde esto queda expresamente prohibido.
En 2018, la causa “Pibes Villeros” (denominada así por la organización de la Túpac Amaru encargada de recibir los fondos para la construcción de viviendas en barrios populares) llega a instancia oral, en donde la fiscalía no pudo comprobar ninguno de los casos de apropiación o desvío de fondos; aun así Milagro es condenada a 13 años de prisión, de los cuales ya lleva tres. La resolución está apelada y ha llegado a manos de la Corte Suprema de la Nación, aún sin ser tratada por los jueces. Por otro lado, también carga sobre ella la condena de tres años de cárcel por haberle arrojado huevos al actual gobernador Morales en el año 2009, en donde dos testigos la señalaron como la instigadora del escrache.
El día 12 de diciembre del 2019, la jueza Clara Langhe de Falcone declaró públicamente que “no vamos a permitir que quede libre la persona esperando que quede firme su sentencia. Creo que la sociedad no lo va a permitir. Hago referencia a la dirigente social Milagro Sala. Hablo como una ciudadana”. Ante esto, debido a su falta de imparcialidad dentro del órgano judicial, la magistrada presentó su denuncia, a lo cual cuatro días más tarde, se haría efectiva su renuncia y el cuerpo judicial elegiría de manera unánime a Pablo Baca como su sucesor en la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy.
Entre tanto, a estas imparcialidades y demostraciones de convergencia entre los tres poderes, fundamentalmente el legislativo y el judicial a la hora de amparar las reformas enviadas por Morales, se le suman seis casos nombrados por el senador Guillermo Snopek en su proyecto de intervención de la justicia jujeña de irregularidades y extorsiones para el direccionamiento de las causas:
* Alberto Ortiz: contra quien se formuló una denuncia penal por su anterior cargo de intendente. Su hija, Mariela Ortiz, es actualmente diputada provincial, abandonó el Bloque Justicialista por esa presión y pasó a integrar un mono-bloque llamado Eva Perón, actuando en los hechos como una diputada oficialista (Frente Cambia Jujuy), a cambio de la paralización de las causas judiciales contra su padre.
* Marcelo Llanos: ex integrante del bloque del PJ al que luego abandonó (ya no es más diputado), que se encuentra sujeto a una investigación judicial por su anterior cargo de intendente, encontrándose la causa radicada en la Fiscalía N° 10 del MPA de San Pedro de Jujuy, sin ningún movimiento procesal trascendente.
* Carlos Lops: ex integrante del bloque del PJ a quien se pretendió involucrar penalmente en la conocida causa “del Matadero de San Pedro de Jujuy”, lo que motivó su retiro del bloque. En 2015 se sumó al bloque que respondía políticamente al gobernador Gerardo Morales a través del Vicegobernador Haquim. Ya no es más diputado y hoy es asesor de la Presidencia de la Legislatura.
* Emilio Cayo: ex integrante del bloque Frente Unidos y Organizados, que a raíz de una denuncia penal debió dejarlo y pasar a integrar el Frente Cambia Jujuy, bloque oficialista. Él era el número dos de la Red de Organizaciones Sociales, pero producto del acuerdo político con Morales no es investigado. Actualmente no es más diputado, no obstante presta servicios en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy conducido por el radicalismo jujeño.
* Fiscal Dario Osinaga: denunciado por el gobernador por incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de los hechos acaecidos en mes de diciembre de 2015 en el acampe en la Plaza General Belgrano. El Fiscal de Estado, Mariano Miranda, por orden del Gobernador lo denunció penalmente por no haber actuado —según lo que ellos creían— en los hechos del acampe en la plaza en donde también estaban Emilio Cayo y Mabel Balconte, entre otros.
* Diputada Mabel Balconte: ex integrante del bloque FUyO (Frente Unidos y Organizados) que quedó como independiente, aunque participa en las reuniones del bloque de la UCR, «sorteando» casi todas las denuncias que recaen sobre la organización de la Túpac Amaru a la cual pertenecía. A partir de las presiones recibidas de parte del Fiscal Mariano Miranda, Balconte cambió de estrategia procesal, auto-incriminándose sin aportar a la causa otros elementos probatorios que su supuesta confesión, lo que hizo para salvar las supuestas responsabilidades penales de familiares cercanos. Fue condenada a 8 años de prisión por auto-incriminarse pero siguió en su rol de diputada provincial y la Legislatura provincial nunca trató su desafuero.
A su vez, se suma a este escenario el ingreso fechado el 24 de octubre del 2019 de una nota a la Legislatura Provincial de parte de los Fiscales y Procuradores generales que integran los Consejos de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina para declarar “inepto éticamente al Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy” Sergio Lello Sánchez, luego de ser denunciado varias veces por encubrimiento.
Tanto Pablo Baca como Lello Sánchez se verían implicados en actividades irregulares y de dudosa legalidad y moral, luego de la filtración de los audios de Baca. En ellos, el magistrado exclama que Sala está presa porque ese tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno, no por sus delitos, sino para que no “tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas”. En la misma nota de Alejandra Dandan, titulada “Limpiar el sótano”, Baca le habla a Ana Juárez Orieta diciéndole que el fiscal Lello “se mete a presionar a los jueces, habla por teléfono, busca a uno, a otro, tratando de que las cosas sean como quiere.”
La denuncia por violación de Ana Juárez Orieta hacia Pablo Baca presentada el viernes 28 de febrero, en conjunto con la presión de los audios publicados en El Cohete a la Luna en donde reconoce la injerencia del gobierno de Morales sobre el accionar judicial en la provincia, llevaron al magistrado a presentar su renuncia a la presidencia del Supremo Tribunal el pasado viernes 13 de marzo.
Cambio de vientos
El proyecto de Guillermo Snopek es presentado en medio de una situación en donde las banderas políticas han cambiado y así también la composición del senado nacional. El senador cuenta con el apoyo de numerosos concejales e intendentes de Jujuy, como de legisladores provinciales afines al peronismo y legisladores nacionales. El mismo fue ingresado al tratamiento de la comisión de asuntos jurídicos por la presidenta de la comisión, la senadora santafecina María de los Ángeles Sacnun el 14 de marzo y se encuentra en espera de ser tratado en tablas por la legislatura.
Desde la bancada de Juntos por el Cambio, se alega que el mismo es un proyecto mediante el cual el kirchnerismo busca la liberación de Milagro Sala, mientras que es el mismo Snopek el que defiende su proyecto argumentando que además de estar alejado del kirchnerismo, apunta los casos enumerados en el texto de irregularidades cometidas por el gobierno del gobernador Morales, quien además es su cuñado.
Si el proyecto se aprueba, se estaría afirmando implícitamente que el gobierno de Gerardo Morales, quien se encuentra cursando su segundo mandato, ha concentrado en la figura del líder radical la suma del poder público, desentendiéndose de las divisiones de poderes propias del sistema republicano determinado por el artículo primero de la Constitución Nacional y por tanto sería motivo de juicio político. Por lo pronto, a la fecha de publicación del presente artículo, Milagro Sala está pasando 1525 días de prisión sin una condena firme y en condiciones que violan las condiciones legales de prisión preventiva.
Fuentes:
https://www.elcohetealaluna.com/manada-en-llamas/
https://www.eldestapeweb.com/nota/el-senador-jujeno-confirmo-el-pedido-de-intervencion-del-poder-judicial-en-jujuy-202022111510
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-290647-2016-01-19.html
https://www.elcohetealaluna.com/se-le-endiablo-el-carvanal/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37872/texact.htm
https://m.jujuyalmomento.com/justicia/en-medio-una-polemica-la-presidenta-la-corte-local-deja-su-cargo-n100907
http://www.jujuydice.com.ar/noticias/jujuy-3/fiscales-nacionales-acusan-a-sergio-lello-sanchez-del-mpa-por-mentiroso-e-inepto-46902
https://www.pagina12.com.ar/24832-la-republica-te-la-debo
https://www.pagina12.com.ar/amp/242011-las-causas-judiciales-de-milagro-sala
https://www.pagina12.com.ar/19743-titina
https://www.eldestapeweb.com/nota/senador-jujeno-denuncio-que-pablo-baca-amenazo-con-iniciarle-un-proceso-judicial-202022019100/AMP
https://www.eldestapeweb.com/nota/el-senador-jujeno-confirmo-el-pedido-de-intervencion-del-poder-judicial-en-jujuy-202022111510
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-290647-2016-01-19.html
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